Elegir a Vicepresidente colombiano en la OIT sería premiar a un gobierno que viola la libertad sindical

El gobierno y los empresarios colombianos se encuentran empeñados en una campaña a fondo para conseguir que el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo OIT elija al vicepresidente de la República, Angelino Garzón, como el próximo Director General de esa organización, y alrededor de este hecho ha estallado una polémica pública, especialmente entre los trabajadores, porque hay sectores sindicales y algunos dirigentes políticos que se reclaman de izquierda que apoyan dicha candidatura.

Para quienes tenemos nuestras raíces en el movimiento sindical y asumimos un compromiso irrevocable con los intereses de los trabajadores, la aspiración de los más altos exponentes del régimen no puede sernos indiferente y nos obliga a sentar posición.

Angelino Garzón es el prototipo de lo que en Colombia se conoce como el tránsfuga político. Cuando la izquierda era una fuerza importante y en ascenso, él militó en las filas revolucionarias, pero cuando la ultraderecha desató la guerra sucia y en el mundo estalló la crisis del llamado “socialismo real”, fue a parar a la Alianza Democrática – M19, por la que fue elegido como Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. De allí saltó al samperismo, en el gobierno de Samper, al pastranismo, en el gobierno de Pastrana, del que fue su Ministro de Trabajo; al uribismo, en el gobierno de Uribe, del que terminó siendo su embajador ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), y ahora es el Vicepresidente de Santos. Su militancia de izquierda y su pasado de sindicalista no fueron más que trampolines que él utilizó para lograr la satisfacción de sus ambiciones personales.

Desde que se empotró en los círculos gubernamentales, su práctica ha sido la de manejar un discurso demagógico que no guarda ninguna relación con sus actuaciones. Siendo Ministro de Trabajo de Pastrana, entró en vigencia la Ley 411 de 1997, que ratificó el Convenio 151 de la OIT que les otorga a los empleados públicos el derecho a la negociación colectiva; sin embargo, nada hizo para que dicha ley tuviera aplicación real y, posteriormente, el gobierno de Uribe expidió el Decreto 535 de 2.009, que fue presentado como el reconocimiento de este derecho, cuando en realidad se trató de un engaño, y hasta hoy los servidores públicos carecen del derecho a negociar colectivamente. Similar patraña montó el gobierno con la supuesta prohibición de que las cooperativas de trabajo asociado hicieran interdicción laboral, y la mejor prueba de ello es que el problema sigue existiendo. Otro tanto ocurrió con el anuncio de que habría garantías para ejercer el derecho de huelga, cuando lo que se hizo fue trasladarle la función de calificar las huelgas a la Sala Laboral de los tribunales de los distritos judiciales, pero sin modificar las causales de ilegalidad, de manera que las huelgas que antes declaraba ilegales el Ministerio del Trabajo ahora las declaran ilegales los tribunales, es decir, en el fondo no cambió absolutamente nada.

Todos estos vulgares engaños a los trabajadores fueron presentados como la satisfacción de las demandas del movimiento sindical y el acatamiento a la normatividad de la OIT, para que con base en esos inexistentes “avances” en materia laboral, el gobierno de Uribe no fuera enjuiciado como uno de los principales violadores de la libertad sindical en el mundo.

Durante el gobierno de Santos, Angelino se ha distinguido por sus acostumbradas salidas demagógicas para engañar incautos y ha desplegado una labor de cooptación de dirigentes sindicales y sociales con el propósito de fomentar el divisionismo entre los trabajadores y de esta manera minar la resistencia a los antinacionales tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países y sabotear los esfuerzos de unidad para que el movimiento sindical y popular puedan enfrentar con la lucha la política neoliberal y guerrerista del actual gobierno.

Recientemente, la organización Human Rights Watch reveló que durante los últimos tres años fueron asesinados en Colombia 175 sindicalistas. Esa cifra es, de lejos, la más alta, comparada con cualquier país del mundo.

En materia de derecho de asociación, la imposición de la política neoliberal ha significado un grave retroceso, hasta el punto de que hoy apenas un 4% de los trabajadores están organizados en sindicatos. El derecho de negociación colectiva les sigue siendo negado a los empleados públicos y la contratación colectiva se ha reducido a niveles ridículos. El derecho de huelga tampoco existe para los servidores públicos y en las empresas particulares se ha vuelto una rareza. Millones de trabajadores son víctimas del desempleo, el subempleo y la precariedad laboral, mientras pululan las formas deslaboralizadas de contratación, la intermediación laboral, la inestabilidad y la sobreexplotación, que les rinden jugosas ganancias a los empresarios y que han hecho de Colombia el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo.

Elegir como Director General de la OIT a Angelino Garzón sería premiar a un gobierno que figura entre los principales violadores de la libertad sindical y constituiría una afrenta para los trabajadores de Colombia y del mundo.

 

Por Gloria Inés Ramírez Senadora por el Polo Democrático Alternativo




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