Desenmascarar la trata de personas

El 8 de febrero comienza el juicio por el que se buscará esclarecer el  secuestro de Marita Verón y condenar a los culpables del delito, tras 10 años del último día en el que a las 9 de la mañana salió de su casa, en San Miguel de Tucumán, para realizarse estudios en el Instituto de Maternidad cuando fue introducida a la fuerza en un Fiat Duna. Esa misma tarde, a las 16.30,  se inicia una causa -con denuncia por parte de quien en ese entonces era su pareja, Adrián Adán Catalán- que aún no ha encontrado respuesta acabada.

María de los Ángeles Verón fue privada de su libertad, vendida y prostituida. Hoy, después de perseguir pistas que no dieron con la joven que fue secuestrada a los 23 años, ya no está presente su papá, Daniel; sin embargo, lo que en ese entonces era solo una práctica que permanecía en la invisibilidad, hoy está tipificada como uno de los tipos de violencia hacia las mujeres por las que el patriarcado violentamente manifiesta, a través de la esclavitud sexual, la disparidad de poder entre géneros.

Muchos cambios se han dado desde aquel 3 de abril de 2002. La hija de Marita, entonces una niña, es ahora la adolescente cuyo reclamo va a ser representado por su abuela, Susana Trimarco, quien, a su vez, en la búsqueda de datos  que la condujeron aún hasta el exterior del país, se ha convertido en la cara de una lucha emblemática en la persecución del delito de trata de personas con fines de explotación sexual por la que ha sacado a la luz detalles de los movimientos de las redes al tiempo que posibilitó el rescate de aproximadamente 200 chicas.

Bajo un escenario normativo diferente del que regía en el 2002, con la vigencia de las leyes 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; un decreto -936/11- que prohíbe la oferta sexual en los medios de comunicación, en especial la prensa gráfica, y varias medidas tomadas para unificar los protocolos de actuación, el entorno regulatorio actual no podrá ser aplicado en este caso por el principio de irretroactividad de la ley.

En San Miguel de Tucumán, la sala  II de la Cámara Penal a cargo de los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano,  con el Dr. Carlos Garmendia y la Dra. Belén Lembo en su carácter de equipo letrado por la querella, se dará la oportunidad de acabar con lo que permanece como asignatura pendiente, las condenas a las redes mafiosas. La sociedad también será veedora del desarrollo del juicio de un caso que se convirtió en paradigma por todo lo que a partir de él se originó y en el que se buscará probar la culpabilidad de Domingo Pascual Andrada, Humberto Juan Derobertis y otras 11 personas como coautores voluntarios y responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y promoción de la prostitución.

Del informe 2011 de la UFASE  (Unidad Especial Fiscal Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas) a cargo del Dr. Marcelo Colombo surge que el año pasado se rescataron 1597 víctimas, repartidas equitativamente entre casos de explotación sexual y laboral.

En el cuerpo de ese mismo informe, se manifiesta que “la demora en la acción, sumado a la dispersión de investigaciones e investigadores es la antesala de un caso perdido, y éste es uno de los problemas principales que presentan las investigaciones”

Para Viviana Caminos, coordinadora de la RATT (Red Alto Al Tráfico y a la Trata) “los procesados y condenados siguen siendo los responsables menores de las redes de trata, en general, proxenetas a cargo de los prostíbulos, reclutadoras, agentes policiales de menor rango”.

Con la modificación de la ley 26364 en ciernes –ya tiene aprobación del Senado- para que, entre otros cambios, se elimine la exigencia de que a partir de los 18 años una persona deba demostrar que no consintió su propia esclavitud, -si bien en lo concreto se interpretan los casos de vulnerabilidad según parámetros objetivos como el género, la pobreza y la situación de migrante que vician el posible consentimiento-, y se cree un Consejo Federal con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional, aún queda pendiente el debate sobre el papel que juegan los varones que consumen sexo pago.

Sin lugar a dudas, con una fuerte historia de los diez años que lo enmarcan, este juicio presenta la oportunidad de avanzar en la lucha contra las redes de tráfico de personas además de una nueva esperanza de recuperar a Marita.

 

 

NOOR JIMÉNEZ ABRAHAM

Prensa y Comunicación RATT

 

 

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